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Columna Claudia Pascual Grau, Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer

  • martes 04 de agosto de 2015

    Presentación Votación en general del Proyecto de Ley que Despenaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales

    Presentación Votación en general del Proyecto de Ley que Despenaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales

    Hoy es un día trascendente para la mujeres y para el país, hemos logrado empezar democráticamente un debate que ha sido postergado por más de un cuarto de siglo y que por primera vez es recogido por un programa de gobierno y presentado como Proyecto de Ley de Interrupción voluntaria  del embarazo en tres causales.
     
     A través de esta iniciativa, nos hacemos cargo de un problema social y buscamos abrir opciones para la expresión de voluntad de las mujeres que enfrentan las situaciones definidas en el proyecto. Estas son: peligro de vida de la mujer embarazada, embrión o feto que padezca alteración estructural genética o congénita inviable con la vida extrauterina, o cuando el embarazo sea el resultado de una violación. Queremos aclarar nuevamente que la causal de inviabilidad fetal no contempla en ningún caso el síndrome de Down u otra condición compatible con la vida extrauterina.
     
    Sabemos que en estas circunstancias se ponen en tensión derechos y criterios de humanidad, y por lo mismo sostenemos que ni el Estado ni nadie puede imponer a sus ciudadanas una decisión
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    Actualmente, las mujeres que se encuentran en alguna de las tres causales que contempla el proyecto, no tienen opción a definir de qué forma quieren enfrentar un embarazo de este tipo debido a una legislación que prohíbe penalmente su interrupción en toda circunstancia.  Sin embargo, los hechos han demostrado que la prohibición absoluta y la criminalización de toda forma de interrupción del embarazo, no impiden su práctica, y por el contrario, provocan que ésta se realice en condiciones de riesgo para la vida y salud de las mujeres. A su vez, la  clandestinidad profundiza y perpetúa las inequidades socieconómicas, oculta la magnitud del problema e impide el diseño de políticas públicas que lo aborden a cabalidad. 
     
    La regulación actual no se condice con el trato digno que nuestra sociedad debe otorgar a las mujeres. Las causales que este proyecto de ley busca atender no siempre pueden ser prevenidas; no podemos prevenir el peligro de vida, la inviabilidad fetal extrauterina y, lamentablemente en Chile, tampoco es posible prevenir la violación.  Quienes se encuentran y viven estas realidades, están inmersas en situaciones que, sin lugar a dudas para la inmensa mayoría de las personas, cambian sus vidas y generan dolor para ellas y para sus familias.  La respuesta que como sociedad debemos dar no puede ser únicamente el amenazarlas con el uso del derecho penal en caso de que ellas no quieran llevar a término un embarazo en estas circunstancias.  El Estado debe reconocer ese dolor y amparar a las mujeres que se encuentran en las tres causales, acompañando y generando opciones para ellas cualquiera sea su decisión. Por esta razón, las tres causales exigen como presupuesto la expresión de voluntad libre de la mujer.
     
    De ahí que la prohibición que nos rige haya sido reiteradamente cuestionada por los organismos internacionales de derechos humanos quienes han instado al Estado de Chile a agilizar la tramitación del proyecto de ley, reconociendo que es un avance en materia de derechos humanos de las mujeres y para el país.
     
    El gobierno está convencido  que avanzar en este debate es una clara señal de respeto a los derechos fundamentales de las mujeres y una demostración de que la sociedad chilena está preparada, madura y, tal como muestran los estudios de opinión, mayoritariamente a favor de esta iniciativa como ha sido recogido en todas las encuestas de opinión pública que revelan que más del 70% de la población apoya el debate y la despenalización de la interrupción del embarazo en las tres causales propuestas (CEP, julio de 2014; Adimark, julio de 2014; Cadem, enero de 2015).
     
    Como ha dicho la Presidenta Bachelet: “No es tolerable que se castigue con pena privativa de libertad a aquellas mujeres que se encuentran en esta difícil disyuntiva”. El Estado en las situaciones que regula este proyecto, debe acoger y entregar alternativas a las mujeres, ya sea que deseen continuar con el embarazo u optar por interrumpirlo. El proyecto aumenta la certeza jurídica, pues ni las mujeres ni los equipos médicos frente al peligro de vida de la mujer embarazada, embrión o feto que padezca alteración estructural genética o congénita inviable con la vida extrauterina, o cuando el embarazo sea el resultado de una violación, temerá ser sancionada penalmente si es que se interrumpe un embarazo. 
     
    Esta iniciativa legal, que sólo despenaliza, se enmarca dentro de un conjunto de esfuerzos del Estado de Chile, iniciados en la década del 60, por impulsar políticas de salud sexual y reproductivas, que incluyen la dictación de la Ley N°20.418 que garantiza la educación sexual y el acceso a todos los mecanismos de regulación de la fertilidad disponibles para la población, incluyendo la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE). Cabe destacar que entre 1931 y 1989 el Código Sanitario contemplaba el aborto terapéutico y era una prestación de salud ampliamente aceptada.
     
    En la misma línea, este proyecto busca garantizar una prestación de salud. El proyecto de ley establece un procedimiento claro que ha de cumplir cada establecimiento de salud para asegurarle a todas las mujeres del país podrán acceder a los derechos y prestaciones contemplados en el mismo.
     
    De esta forma no se condiciona el mantener o interrumpir el embarazo en estas tres situaciones a la capacidad económica de cada mujer y sus familias.
     
    Tal como ha solicitado la Presidenta de la República, durante casi 6 meses esta Comisión ha podido no sólo conocer el proyecto, sino que también abrir un debate informado, integral y transparente. En este sentido reconocemos y valoramos el amplio debate que se ha dado en la Comisión de Salud sobre este proyecto;  hemos podido escuchar y conocer las opiniones de un nutrido grupo de organizaciones (68 expertas / expertos  y organizaciones), lo que también nos ha permitido constatar que coincidimos en varios puntos. Por ejemplo, todas y todos concordamos en que se requiere implementar planes de educación sexual desde la infancia y todas y todos estamos de acuerdo en que es importante que exista un acceso expedito a métodos anticonceptivos, incluida la píldora anticonceptiva de emergencia. Hace escasos años estos consensos no existían.
     
    También estamos de acuerdo en que al Estado le corresponde acompañar las decisiones de las mujeres y en este sentido, deben existir políticas que permitan un adecuado proceso de discernimiento, con información clara y veraz, antes y después de la toma de decisión y también después de una eventual interrupción voluntaria del embarazo. 
     
    Como Gobierno estamos convencidos de que al avanzar en el debate en particular, podremos profundizar el proyecto vía indicaciones y hacernos cargo  desde las políticas públicas de los compromisos que éste generará en su implementación, como son el acompañamiento a las mujeres que se encuentren en alguna de las tres causales que este proyecto aborda, a través de apoyo psicosocial, terapia individual y grupal, visitas domiciliarias, entre otros.
     
    En la tramitación de este proyecto han trabajado y seguirán trabajando de forma coordinada cuatro Ministerios: Salud, Justicia, Segpres y Sernam, porque se trata de una política de Estado.
     
    En este día en que tenemos la oportunidad de dar un paso más y continuar con un debate que ha sido postergado durante los últimos años, no podemos dejar de reconocer el aporte de las parlamentarias y parlamentarios, de las muchas organizaciones de mujeres, que desde 1991 en adelante presentaron 14 mociones y proyectos con miras a promover este debate y avanzar en el respeto a los derechos de las mujeres. Sin duda, su insistencia nos demuestra lo importante que es este tema para las mujeres, la ciudadanía y el Congreso.
     
    Tenemos la oportunidad de comenzar a diseñar una respuesta que ha sido negada a miles de mujeres durante los últimos 25 años. Hoy podemos comenzar a enfrentar las inequidades y ofrecer alternativas a las mujeres en tres de las situaciones más críticas que se pueden experimentar en la vida. Las mujeres no pueden seguir esperando. El país no puede seguir esperando.   
     
    Muchas gracias.

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